por Enzo Gambin y Antonio Volani
El Decreto Ministerial de 7 de octubre de 2021 constituye actualmente la referencia central para el reconocimiento de los paneles de cata y para la gestión del registro nacional de técnicos y expertos en aceites de oliva virgen y virgen extra, establecido por la Ley 313/1998.
Pocos años después de su entrada en vigor, el El marco regulatorio es claro., a menudo, es el menos su interpretación prácticaDesde una perspectiva jurídica, un decreto es un acto normativo emitido para implementar una ley, lo que significa que no es una opción, sino una norma vinculante. La diferencia entre una ley y un reglamento radica en su origen, no en su efectividad.
Las disposiciones del Decreto deben ser respetadas por todos los destinatarios, dentro de los límites de la ley que lo sustenta.
El Decreto introduce un modelo de cualificación dinámico, en el que los catadores ya no se registran de por vida, sino que deben demostrar que mantienen sus habilidades a lo largo del tiempo.
La La confirmación de la inscripción se realiza cada tres años. y requiere tanto la voluntad de la parte interesada como la documentación de la actividad realizada durante el período de referencia. Esta actividad debe ser coherente con las normas europeas y puede consistir en: participación en paneles reconocidos, en el desempeño de ssesiones de degustación o en actividades de formación cualificadaLas autodeclaraciones genéricas o las actividades que no se pueden rastrear hasta metodologías oficiales no son suficientes, es Se requiere documentación verificable., como La declaración del líder del panel.
Con el tiempo, se han difundido algunas interpretaciones incorrectas, una de las más frecuentes es La idea de que el Decreto no es obligatorio porque no es una leyEsto es un malentendido, ya que el Decreto se fundamenta en una ley y tiene efectos vinculantes como cualquier reglamento.
Un segundo malentendido se refiere a la relación entre obligación y controlesLa presencia o ausencia de controles administrativos no afecta la existencia de la obligación, sino únicamente su aplicación concreta.
Un tercer malentendido preocupa la naturaleza de la actividad solicitadaEn ocasiones, se interpreta de forma reduccionista, mientras que el Decreto exige una actividad cualificada, llevada a cabo de acuerdo con los protocolos oficiales y respaldada por la documentación adecuada.
Sigue estando muy extendida la idea de que la inscripción en el registro es un derecho adquirido, cuando en realidad el Decreto la define como una posición jurídica subordinada a la continuidad de la actividad realizada.
En la fase de implementación, la gestión del sistema involucra a diversas entidades institucionales, lo que da lugar a métodos operativos que no siempre son homogéneos; por ejemplo, se observan procedimientos más rigurosos en algunas áreas y prácticas más flexibles en otras. Esta disparidad genera incertidumbre y comportamientos que no siempre se ajustan a los requisitos normativos.
Sin embargo, la tendencia actual apunta hacia una mayor estandarización y controles más estrictos. Por lo tanto, es prudente adoptar un enfoque que cumpla plenamente con la normativa, basado en la continuidad del negocio, la documentación adecuada y el cumplimiento de los plazos.
El Decreto del 7 de octubre de 2021 marca una importante transición cultural: No basta con haber adquirido una habilidad, es necesario mantenerla viva.Los problemas críticos actuales no surgen de la ley, sino de su interpretación: comprender su naturaleza jurídica y sus efectos es esencial para garantizar la coherencia, la fiabilidad y la credibilidad en todo el sistema de cata.
